Hace unas semanas presentamos un análisis de las causas que habían desatado el
conflicto socioambiental en la provincia de Islay por el proyecto minero
Tía María. Desde entonces, los disturbios han escalado de manera exponencial: la asonada se ha trasladado del campo a la ciudad, dos civiles y un policía han muerto, y unas 400 personas han resultado heridas. A la fecha, no hay ningún indicio claro de que esta situación se vaya a calmar.
En esta oportunidad evaluaremos por qué cuando los
conflictos sociales se desbordan el Estado tiene dificultades para controlarlos y, la mayoría de veces, llega a acuerdos tibios que no solucionan los problemas de fondo, tal como sucedió en los casos de Tambogrande, Conga y Bagua.
Realizaremos un análisis holístico que abordará el desconocimiento de la real problemática social, un sistema de justicia débil y una policía mal capacitada. Por otro lado, exploraremos las fortalezas de los manifestantes, específicamente su capacidad organizativa y sus tácticas poco convencionales.
CONOCIENDO AL ENEMIGO
Los conflictos sociales en el Perú ocurren en lugares alejados del centro político, por lo que la burocracia estatal no siempre los tiene debidamente identificados. Por citar un ejemplo, cuando se desató la crisis en Andahuaylas, a principios de este año, por un cobro indebido en las tarifas eléctricas, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) no había advertido hasta entonces la tensión social que se venía cocinando.
Además, la información de lo que sucede en estas zonas no se analiza de manera integral, pues no llega a un comando único de toma de decisiones. Según Alejandro Silva, director general de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior, “se realizan reuniones con la PCM y la Defensoría del Pueblo, pero cada dos o tres semanas, por lo que la coordinación no es muy buena”.
Esta falta de coordinación impide realizar un análisis profundo del conflicto que permita no solo identificar quién es quién, sino también conocer el tejido social de la zona de conflicto y las necesidades y percepciones de la población.
LA NEBLINA DE CLAUSEWITZ
Además de la escasa y mal gestionada información de campo, la ley tampoco ayuda a que el gobierno pueda restablecer el orden rápidamente.
Pese a que en el 2006 la Policía Nacional del Perú (PNP) acogió en su manual disposiciones de las Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza, nuestro país aún no cuenta con una norma con rango de ley que regule la actuación de los policías. De hecho, ya en el 2012, un informe de la Defensoría del Pueblo alertaba sobre la ausencia de legislación apropiada. Sin embargo, a la fecha no se ha tomado una acción concreta.
Las consecuencias de esto se evidencian cuando se desata la violencia, ya que muchos policías no conocen sus límites. Frecuentemente se cae en el exceso del uso de la fuerza (como en la muerte de un manifestante en las protestas contra Pluspetrol, en Pichanaki, en febrero). Por otro lado, en casos en los que resulta prudente tomar acción, los policías se abstienen de usar la fuerza por temor a las repercusiones penales o disciplinarias que ello pueda traer (como ocurrió en Bagua). Ambas situaciones son peligrosas, tanto para los manifestantes como para los policías.
EL DESORDEN
Un aspecto muy importante para frenar la violencia es el trabajo en conjunto de la PNP, la fiscalía y el Poder Judicial.
Sin embargo, los manifestantes perciben que hay impunidad y que, por tanto, sus actos violentos no serán sancionados.
Esto se debe a que, por un lado, la falta de preparación policial para probar los hechos denunciados hace que los fiscales desestimen las acusaciones. Y, por el otro, los fiscales y jueces son amenazados por los manifestantes y temen que haya represalias contra ellos o sus familiares.
Por ejemplo, en Islay, si bien se detuvo al dirigente Jesús Cornejo, presidente de la Junta de Usuarios de Riego del Valle de Tambo, este fue liberado luego de solo unas horas. Y recién después de más de 50 días se pudo detener a Pepe Julio Gutiérrez.
Debe existir una clara estrategia policial y legal para apresar a los cabecillas de la turba y a quienes constituyen enlaces con las bases para romper la estructura de esos movimientos.
UN CURSITO
Para lidiar con los conflictos sociales no solo se necesita tener información e instrumentos legales, sino también contar con policías capacitados, entrenados y motivados.
Actualmente, la malla curricular de las más de 20 escuelas de oficiales y suboficiales de la PNP no incluye ningún curso dedicado exclusivamente a la violencia en conflictos sociales.
Según Alejandro Silva, “estos temas se tocan de manera tangencial en otros cursos, pero se está trabajando para tener más de ellos. Hace pocos meses, por ejemplo, se dictó un curso de tres semanas en Espinar”.
Las escuelas de oficiales tienen un problema de logística: casi no existen municiones para las prácticas y los alumnos se ven muchas veces forzados a comprarlas o a practicar el ‘tiro al seco’, que consiste en rastrillar sus armas y disparar sin municiones.
Esta situación tiene consecuencias preocupantes, porque implica que los policías se enfrenten a la violencia sin tener experiencia práctica. En Bagua, donde murieron 23 policías, los manifestantes les arrebataron las armas para luego atacarlos. Los agentes no estaban preparados para impedirlo.
Por ello, en las condiciones en que se encuentran los más de 110.000 policías en el país, enviar más custodios a Arequipa no solucionaría el problema de fondo, sino que podría, incluso, incrementar la espiral de violencia.
LEONES POR CORDEROS
Durante la Primera Guerra Mundial, un general alemán, refiriéndose a la cruel batalla de Somme, donde murieron miles de ingleses y franceses, dijo que nunca había visto soldados con tanto coraje ser liderados por corderos. Esta historia no se aleja de la realidad de nuestra policía.
Actualmente, existen más de 2.000 policías en el Valle de Tambo, pero muchos son personal de tránsito, de salvataje o de comisaría que no están en condiciones técnicas, físicas ni mentales para enfrentar este tipo de conflictos. Un ejemplo trágico de esto es el fallecimiento de Alberto Vásquez Durán, un policía de tránsito, de 51 años, que fue enviado desde el Cusco para apoyar en Islay y que fue brutalmente masacrado por manifestantes.
Por si fuera poco, las condiciones son deplorables. En la carretera de Cocachacra a Arequipa se observa a efectivos que duermen hacinados en el patio de una casa. El ex director de la PNP, general Eduardo Pérez Rocha, en una entrevista con El Comercio, manifestó que a “los policías enviados a Arequipa como refuerzo el Estado no les está cubriendo los gastos de viáticos ni alimentos”.
HAY QUE SER MACHO
Además de la poca capacitación, otro problema que debilita el accionar policial es la carencia de equipos no letales para su defensa, tales como escopetas de perdigones de goma, escudos, varas, gas pimienta o rochabuses, fundamentales para enfrentar los disturbios.
Hemos visto cómo en el Valle de Tambo los policías se tienen que cubrir la cara con trapos por los gases lacrimógenos porque no cuentan con mascarillas. Además, irónicamente, la falta de equipos ha generado que en ocasiones, como ocurrió en el 2011 en Huancavelica, los policías tengan que repeler a sus atacantes con las mismas piedras que estos les tiran. Al respecto, el Ministerio del Interior se ha excusado y señala que “el proceso de compra de armas no letales ha demorado, pero ya en unos meses se debería iniciar”.
QUE SE QUEMEN
El gobierno de turno no solo ha mostrado una gran debilidad para lidiar con la violencia, sino también para responder mediáticamente a los agitadores. No fue sino hasta el viernes, luego de más de 50 días de manifestaciones, que el presidente de la República rompió su silencio e hizo escuchar sus declaraciones.
También es cierto que los partidos políticos no se han manifestado en forma contundente con respecto a estos levantamientos, probablemente como parte de un cálculo político ad portas de un proceso electoral. De igual manera, si bien es cierto que la Confiep recién emitió un comunicado el viernes, los gremios se han mantenido al margen del conflicto social.
SUN TZU ES PERUANO
No solo debemos mirar las debilidades del Estado, sino también analizar y entender las estrategias de la turba.
Los manifestantes en Islay están muy bien organizados y han logrado movilizar a personas de Pichanaki, Espinar, Bagua y Juliaca con experiencia en protestas por conflictos sociales. Entre ellos se encuentran reservistas, huaraqueros y agitadores.
Y los dirigentes han sabido utilizar los medios a su favor. El tema de fondo es que son conscientes de que el Estado no puede cargar con muertes o abusos, mientras que ellos pueden incluso sacar aprovecho de estos. No sorprende que en los enfrentamientos sean estudiantes, mujeres entre ellos, los que estén al frente del tumulto. Cualquier error que cometa la policía es capitalizado inmediatamente.
Pero no se trata solamente de un uso oportunista de la prensa, sino también de un amedrentamiento. En Conga, por ejemplo, los periodistas que cumplían su labor informativa eran amenazados constantemente y lo mismo ha ocurrido en Islay, donde no solo los periodistas han sido intimidados, sino también todos aquellos que se han negado a marchar.
Los dirigentes que se escudan bajo el manto de la protesta social también saben que, mientras el gobierno quiere que esto se termine rápido y se apague el ruido político, la turba puede seguir de manera indefinida.
Y el punto es que prolongar el conflicto da a los dirigentes la ventaja de crear el sentimiento de que esto nunca terminará. Instala la sensación de una pesadilla eterna sin solución y de ninguna opción de victoria, lo que obliga a llegar a un acuerdo mediocre que postergará el conflicto solo por un período de tiempo, a pesar de que el proyecto de inversión puede durar más de 20 años.
*Con la colaboración de Ariana Lira Delcore y Elody Malpartida.
Fuente: El Comercio
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